Televisiones autonómicas: sálvese quien pueda

En un tiempo en el que se habla de racionalizar el gasto público y prescindir de lujos superfluos, ¿quién se atreve con las TVs autonómicas? La experiencia demuestra que han sido medios de comunicación al servicio de la corriente política de turno, manirrotos en la gestión de los recursos, y cuya organización interna deja bastante que desear.

Caiga la primera piedra: la CRTVG (ente público del que dependen la TV y la radio autonómicas) va a cumplir 20 años sin convocar oposiciones. Para compensar el desaguisado de personal provocado por esta circunstancia, los sucesivos responsables (de todos los colores políticos con representación en el parlamento gallego) se han dedicado a contratar alegremente, con periódicas revisiones contractuales de dudosa legalidad. En consecuencia, la plantilla está hoy hipertrofiada, enfrentada con la dirección por el inminente proceso de consolidación de empleo convocado por la empresa, que sin duda derivará en el despido de buena parte de la plantilla.

Con todo, la comprensible indignación de estos trabajadores (que, por cierto, nada dijeron cuando fueron contratados, aunque con ello se atentara contra ciertos principios constitucionales), no es lo peor: cuentan que un miembro del Consejo de Administración de la CRTVG cobra cerca de 7000€ al mes. Una bicoca; un retiro dorado, con cargo a las arcas públicas, que gestionan los partidos políticos para premiar a personas que, en muchos casos, ni tienen ni han acreditado experiencia alguna en el sector de la comunicación.

¿Está justificada esta arbitrariedad?  ¿Están justificados los procedimientos que obstaculizan una convocatoria de oposiciones libres, y en igualdad de condiciones, como sucede en cualquier empresa pública? Si la TVG pretende funcionar como una Sociedad Anónima, tanto a nivel directivo como en sus políticas de personal, no tiene ningún sentido que siga recibiendo fondos públicos; sin embargo, su hipotética privatización sí traería algunas ventajas: desaparecería la manipulación política, ganaría en eficiencia y, sobre todo, dejaría de ser uno de esos anhelados momios por los que, a buen seguro, más de un voluntario conspira en los pasillos.